El 9 de abril participamos en una sesión formativa organizada por la Xarxa d’Ateneus Cooperatius sobre el derecho a la vivienda. Fue un espacio denso e inspirador, que ofreció perspectivas jurídicas, políticas y prácticas sobre uno de los grandes retos de nuestro tiempo: ¿qué significa realmente garantizar hoy el derecho a una vivienda digna?

El modelo de vivienda en Cataluña y en el Estado español ha fracasado claramente a la hora de garantizar este derecho. Condicionado por factores políticos, económicos y legales entrelazados —y por desigualdades estructurales muy arraigadas—, este modelo prioriza el mercado por encima de las necesidades sociales. El resultado es exclusión, precios inaccesibles y segregación.

La conversación también situó esta cuestión en un contexto global. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en entornos urbanos, y las ciudades se han convertido en epicentros de la especulación financiera. La vivienda ya no se construye para vivir, sino para obtener beneficios. Como decía David Harvey:

“No construimos ciudades para que la gente viva en ellas, sino para que el capital invierta en ellas.”

Y las consecuencias se sienten, aquí y en todas partes.

En Barcelona, más del 80% de los desahucios están relacionados con el alquiler. El 17% del parque de vivienda está en manos de grandes tenedores con más de diez propiedades. Solo el 2,4% del mercado de alquiler es público o cooperativo. Y en Cataluña, la juventud destina de media un 118% de sus ingresos al alquiler —casi cuatro veces el límite recomendado.

El acceso a la vivienda no está bloqueado solo por los precios, sino también por el racismo inmobiliario, el fraude y el mal estado de los edificios. El mercado falla —y lo hace de forma desigual, según el nivel de ingresos, el origen y el territorio.

La formación también exploró los marcos legales que reconocen la vivienda como un derecho —desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Constitución española. Estos instrumentos afirman que la vivienda es una condición para una vida digna. Pero en la práctica, las protecciones legales suelen quedarse cortas. Los tribunales priorizan con frecuencia la propiedad privada por encima de las necesidades sociales, y las leyes más ambiciosas enfrentan constantemente resistencias políticas y judiciales —especialmente en Cataluña.

¿Qué puede hacer la política pública?

Regular y ampliar. Regular significa controlar los alquileres, limitar usos antisociales (como los pisos turísticos o vacíos) y hacer cumplir la responsabilidad social. Ampliar significa invertir en vivienda pública, apoyar a las cooperativas y garantizar que el suelo se destine a usos colectivos.

Una de las herramientas más potentes que tenemos en Cataluña es el derecho de tanteo y retracto. Este mecanismo legal permite a la administración pública o a entidades de vivienda social comprar una propiedad antes de que se venda en el mercado libre, especialmente si pertenece a un gran tenedor o está ubicada en zonas de alto interés social. Esto ayuda a evitar la especulación, recuperar vivienda para uso público o cooperativo y ampliar el parque de vivienda asequible —sin tener que esperar a construir nueva.

También existen modelos prometedores como los convenios entre ayuntamientos y promotoras para reservar parte de las nuevas viviendas a usos sociales o cooperativos. Pero estas estrategias requieren escala, coordinación y compromiso político a largo plazo.

Ahora bien, muchas veces los ayuntamientos no tienen las herramientas necesarias. La fragmentación administrativa, la falta de recursos humanos y la lentitud burocrática dificultan la implementación de estas políticas. En las zonas rurales, el reto es aún mayor.

Aun así, la sesión mostró ejemplos esperanzadores de iniciativas de vivienda cooperativa que ya se están desarrollando en distintos territorios. En entornos urbanos, proyectos como Habicoop demuestran que los modelos colectivos pueden ofrecer estabilidad y precios asequibles a largo plazo con una visión social y no especulativa. Y en contextos rurales, iniciativas como Repoblem ponen de manifiesto que las cooperativas de vivienda también pueden jugar un papel clave para revertir la despoblación y facilitar que las personas jóvenes se queden o regresen a sus pueblos. Son ejemplos de cómo el modelo cooperativo puede adaptarse a distintos contextos —pero también recuerdan que hace falta un fuerte apoyo institucional y políticas específicas.

Existen también barreras socioeconómicas importantes: depósitos muy elevados, criterios bancarios restrictivos y sistemas de apoyo poco accesibles. Incluso la vivienda cooperativa —a pesar de su potencial— sigue siendo difícil de alcanzar para muchas personas por motivos de tiempo, dinero y complejidad.

Entonces, ¿cómo avanzamos?

Tenemos que dejar de tratar la vivienda como una mercancía —y empezar a tratarla como el derecho que es. Eso implica cambiar valores, políticas y estructuras de poder: desmercantilizar el suelo, invertir en modelos públicos y cooperativos, y garantizar un acceso inclusivo para todas las personas —especialmente para aquellas históricamente excluidas.

En el fondo, no estamos hablando solo de una cuestión legal. Es una cuestión política. Colectiva. Requiere imaginación, valentía y compromiso a largo plazo. Y como nos recordó la sesión: si no cambiamos la estructura del sistema, no habrá justicia habitacional.

* Referencias 

Si quieres profundizar en estos temas, te recomendamos seguir el trabajo de Irene Escorihuela (Observatori DESC), Jordà Escolà (Habicoop), Sebastià Mata (Repoblem), Ricard Torres (Ayuntamiento de Manresa) y Laura Muixí (Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central).